Con todo lo que esta pasando con el juez Garzón en estos días, y el lío que tienen montado los diferentos estamentos del Estado, no puedo por menos de sentir una profunda pena por este pais de pandereta que nos ha tocado habitar. Siento pena en inquietud por la deriva que van tomando los acontecimientos, pues teniendo la mayoria de la gente opinión sobre el asunto, ya sea a favor o en contra, creo que no se incide lo suficiente en el trasfondo de lo que realmente significa.
Tratando de encontrar las causas que nos han llevado a esta situación me doy cuenta de que el error viene da atrás, de muy atras, se trata de un error fundacional. El sistema de convivencia que nos dimos durante la transición fué un ejemplo de como se podía pasar de una dictadura a una democracia de forma exitosa y relativamente pacífica. Pero no nos engañemos, nuestra democracia es de baja calidad, con una arquitectura solo aceptable si se contrapone con el sistema anterior. Sería admisible si se hubiera tratado de un estadio de partida, que con el paso del tiempo hubiera sido pulido en sus defectos pequeños o mayores. Pero el proceso a lo largo de este tiempo ha sido justamente el inverso.
Para empezar, no sé si los padres de la patria habían oído hablar de un tal Montesquieu en el momento en que pusieron a cavilar su preclara mente, y terminaron por alumbrar la Constitución del 78, en caso afirmativo lo disimularon muy bien. Y es que la división e independencia de los tres poderes fundamentales de un estado moderno no se atisba por lado alguno de nuestro ordenamiento jurídico. El poder se elige cada cuatro años por los ciudadanos mediante sufragio universal, de acuerdo, pero veamos en que deriva el resultado de unas elecciones generales en España.
La renovación de los 350 diputados que integran el Congreso, y la de una parte del Senado (cámara a la que no volveré a referirme en la presente entrada, por la nula función que desempeña) se realiza cada cuatro años como máximo, en lo que paradójicamente se parece mucho a unas elecciones presidenciales. Y es que, en definitiva, lo son. Si hacemos una comparación con las presidenciales americanas, lo nuestro equivale a capacitar legislativamente, durante toda la legislatura, a los delegados que nombran al presidente!. Es decir, que el que consiga ser investido por la camara resultante de unas elecciones tendrá, de facto, una mayoria favorable para la aprobación de cuantos dislates se le ocurrieran. Alguien me podria decir que un diputado no necesariamente debería apoyar todas las iniciativas legislativas procedentes del gobierno, pero esto se rebate fácilmente al poner en liza el sistema de listas cerradas que nos hemos dado, que provocan que, como dijo Bono, un diputado del PSOE esté mas pendiente de lo que piensa su secreterio general que de lo que piensan sus electores. De esta forma tenemos compuesto el dabólico binomio Ejecutivo - Legislativo, muy útil a la hora de dotar de legitimidad a las leyes que, siendo iniciativa del Presidente de turno, son aprobadas por la mayoría de la Cámara nombrada por la soberanía popular. O viceversa, cuando una ley no gusta es el resultado del dedazo del presidente y no de la voluntad del Congreso. Lo que está claro es que no existe una contraposición entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, ni puede existir en ningun caso, puesto que de quedarse el Presidente sin el apoyo de la Cámara lo inmediato es la convocatoria de nuevas elecciones.
Lo del Poder Judicial merece capítulo aparte. En la constitución se consagra la independencia que debe imperar en este Poder, respecto a los otros organos de poder. En la actualidad, merced a la Ley Organica del Poder Judicial perpetrada por el primer gobierno socialista de el 85, con sucesivas mejoras y leves ad hoc, todos los órganos principales del Poder Judicial dependen del binomio referido en el párrafo anterior. La Constitución reserva a Jueces y Magistrados la potestad de elegir a 12 de los 20 miembros del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial u Órgano de Gobierno de los Jueces) pero la citada LOPJ atribuye el nombramiento de todos sus miembros a las Cortes. Mayor contradicción constitucional es imposible que se pueda sancionar, pero cosas veredes, amigo Sancho... A partir de ahí todo va en cadena. EL CGPJ nombra a los integrantes del Tribunal Supremo, y los Magistrados del Constitucional se eligen a propuesta de las Cortes, Gobierno y tambien CGPJ. El Fiscal General del Estado es nombrado asi mismo por el gobierno. A esto hay que añadir que estos nombramientos nunca son vitalicios, con lo que la eventualidad conlleva en todo cargo nombrado por alguien. Ni que decir tiene que con estas premisas han sido contadas las ocasiones en que el Poder Judicial ha metido el dedo en el ojo al Gobierno, pasando de facto de tener que ejercer de contrapoder a actuar como un apéndice del Ejecutivo.
Expuestas todas estas premisas, y otras que me ahorro por no extenderme, que ya tendrán su momento, no es de extrañar que se haya puesto de uñas el Gobierno ante la tentativa de tres jueces de sentar en el banquillo al mejor peon que tenía en la Audiencia Nacional. Se podrá discutir si Garzón ha prevaricado o no, pero nadie puede negar que ha concurrido electoralmente bajo las siglas del actual gobierno, y que casualidad o no, siempre ha actuado como el látigo judicial que complementaba las iniciativas políticas del Ejecutivo de turno.
